En las últimas semanas un tema clave en la agenda política nacional es el de la descentralización y sus fallas. A raíz de varios escándalos de corrupción, tales como el caso de los gobiernos regionales de Ancash, Tumbes, Pasco, Loreto y ahora Cajamarca, el gobierno nacional ha puesto en marcha una campaña de moralización de los gobiernos regionales.
De hecho, hasta el momento, ya son tres las autoridades regionales detenidas e investigadas: César Álvarez (Áncash), Klever Meléndez (Pasco) y Gerardo Viñas (Tumbes). Además, habría hasta 16 presidentes regionales más sobre los que pesan denuncias de corrupción y estarían siendo investigados por delitos como malversación de fondos, peculado, colusión, negociación incompatible, entre otros (en total 19 de las 25 autoridades regionales, es decir el 76%). No obstante, cabe señalar que en la mayoría de los casos se trata de presuntos actos de corrupción, a excepción de Áncash, Pasco, Tumbes y Loreto, donde existe evidencia suficiente que avalan las denuncias.
En ese sentido, toda esta cruzada moralizadora contra de los gobiernos regionales trataría de hacernos creer que éstos son más corruptos que cualquier otra instancia del Estado con el objetivo de tener el pretexto perfecto para revertir el proceso de descentralización. Pero este argumento no está probado. Basta recordar que la corrupción en el sector público alcanza a todos los niveles del Estado. De hecho, es muy grave que tres expresidentes de la República afronten serios procesos por corrupción, de ellos uno está preso y los otros dos están siendo investigados y podrían ser incluso acusados constitucionalmente.
Es obvio que el tema de fondo no es la corrupción en los gobiernos regionales, sino que es el pretexto para mayor control político y de los recursos. En efecto, en el contexto actual de desaceleración de nuestra economía, contrario a lo que se esperaba, la inversión pública está estancada. Ante esa situación, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, tienden a culpar a los gobiernos regionales como los responsables de la pobre ejecución presupuestal debido a problemas de ineficiencia y de corrupción. Argumento que tampoco está probado. De hecho, a nivel del gobierno nacional la ejecución del gasto fue igual o menos efectiva.
A modo de conclusión, no podemos hablar del fracaso de la descentralización sin mencionar que probablemente estamos ante el fracaso del sistema político peruano. Sin embargo, aprovechando dicha coyuntura, el gobierno de Ollanta Humala busca organizar una estrategia para recentralizar el Estado, ante la ya evidente desaceleración de nuestra economía producto de la crisis económica internacional. El objetivo del gobierno sería garantizar que los capitales de los inversionistas extranjeros no se desplacen a otros mercados. Quedaría claro entonces, que lo que pretende el gobierno no es combatir la corrupción sino eliminar la oposición «irresponsable» a la inversión privada extranjera de algunos gobiernos regionales.