La gestión es una actividad fundamental en cualquier organización, ya sea pública o privada, y se define como el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar los esfuerzos de los miembros de una organización para cumplir su propósito o misión. Sin embargo, cuando se trata de la gestión pública y la gestión privada, las diferencias son significativas y derivan principalmente de las limitaciones y objetivos inherentes a cada sector. Este artículo explora estas diferencias y cómo influyen en la toma de decisiones, el manejo de los recursos y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos o clientes.
La gestión pública se refiere al conjunto de acciones y decisiones mediante las cuales las entidades estatales buscan alcanzar sus fines, objetivos y metas, los que están enmarcados por las políticas públicas establecidas por el Poder Ejecutivo, orientados a la solución de problemas públicos (Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República). En ese sentido, la gestión pública se centra en la eficiente asignación de los recursos públicos y en el estímulo de los agentes públicos a fin de que las entidades estatales logren transformar los insumos en bienes y servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía, siempre operando dentro de un marco de legalidad y transparencia.
Bajo esta perspectiva, los gestores públicos enfrentan numerosas limitaciones derivadas de la naturaleza misma del sector público. Estas incluyen la obligación de actuar conforme al mandato constitucional de legalidad, es decir, solo pueden hacer aquello para lo cual están facultados en forma expresa por las normas vigentes en la materia. Esto se traduce en una mayor burocracia y procedimientos más formales en la gestión pública, lo que puede ralentizar la toma de decisiones y la implementación de políticas. Por ejemplo, para adquirir un determinado bien, servicio u obra deben cumplir con los procedimientos establecidos en la normativa de Contrataciones del Estado u otras leyes especiales. Además, las entidades públicas deben operar dentro de los límites presupuestarios asignados, lo que exige ajustar sus planes y priorizar sus actividades en función del presupuesto disponible. La rendición de cuentas también ejerce presión sobre los gestores públicos, lo cual puede disuadir la toma de riesgos y la innovación.
En contraste, la gestión privada se centra en maximizar los beneficios y la rentabilidad para los accionistas o propietarios. Los empresarios y gestores privados gozan de una amplia libertad de decisión y acción, amparados por el principio constitucional de libertad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, que establece que «nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe». Esto permite a las empresas privadas crear, experimentar, innovar, asociarse, contratar, endeudarse, entre otras acciones, sin las mismas restricciones que enfrentan las entidades del sector público.
En el ámbito privado, los gestores tienen una mayor flexibilidad para tomar decisiones y gestionar recursos. Las empresas privadas pueden actuar rápidamente y adaptarse a cambios en el mercado sin tener que pasar por procesos largos y burocráticos. Esto les permite ser más ágiles y competitivas. Además, las empresas privadas no están sujetas a los mismos niveles de escrutinio público que las entidades estatales, lo que les otorga una mayor libertad para innovar y mejorar continuamente sus productos o servicios, así como, explorar nuevas oportunidades de negocio.
Asimismo, las empresas privadas buscan continuamente mejorar su competitividad y su cuota de mercado, lo que a menudo implica una mayor orientación al cliente y un enfoque en la innovación y la calidad del servicio o producto. La dinámica de mejora en el sector privado se impulsa principalmente por la competencia, que obliga a las empresas a innovar y perfeccionar sus productos o servicios para mantenerse relevantes y atractivas para los consumidores. La presencia de múltiples competidores en el mercado crea una presión constante para sobresalir, lo que motiva a las empresas a invertir en investigación y desarrollo, optimizar procesos y ajustar estrategias para mejorar continuamente.
Por el contrario, en el sector público, la ausencia de competencia directa puede limitar los incentivos para mejorar. La burocracia gubernamental, al carecer de rivales que ofrezcan alternativas mejores o más eficientes, no experimenta la misma urgencia por innovar o mejorar sus procedimientos. Esta situación suele conducir a que las entidades públicas concentren sus esfuerzos en cumplir con lo establecido en la normativa en lugar de buscar maneras de mejorar la calidad de los servicios que ofrecen a los ciudadanos.
A modo de conclusión, la gestión pública y la gestión privada tienen objetivos, limitaciones y enfoques distintos que reflejan las diferencias fundamentales entre el sector público y el privado. Mientras que la gestión pública se centra en generar valor público para satisfacer las necesidades ciudadanas, la gestión privada busca maximizar beneficios y competitividad en un entorno más flexible y menos regulado.