En su obra El Perú fracturado: formalidad, informalidad y economía delictiva (2007), Francisco Durand afirma que en nuestro país coexisten tres economías con distintos niveles de legalidad: la formal, la informal y la delictiva. Estas economías se caracterizan por operar a nivel nacional, tener una estructura piramidal y mantener vínculos entre sí a pesar de sus diferencias.
La economía formal
La economía formal está compuesta por empresas y trabajadores que operan dentro de la legalidad. Es decir, los agentes económicos están incorporados funcionalmente al sistema, pagan impuestos y contribuyen al financiamiento del Estado. No obstante, el autor advierte que la formalidad conlleva poder y, por tanto, privilegios, especialmente cuando estos se concentran en ciertos sectores. Esto sugiere que la formalidad puede propiciar abusos y favorecer a las élites económicas y a los políticos de turno.
El sector formal está constituido por una amplia gama de entidades, desde grandes corporaciones nacionales e internacionales —mayormente de propiedad privada— hasta numerosas pequeñas y medianas empresas (PYMES). Sin embargo, son las grandes corporaciones las que predominan en este sector, destacándose por producir mucho y emplear poco. En contraste, las PYMES formales desempeñan un papel crucial al dar empleo a la mayoría de los trabajadores del sector. El autor destaca que la economía formal emplea aproximadamente al 30% de la fuerza laboral del país, lo que implica que el 70% restante tiene que estar empleado en las economías informal o delictiva.
La economía informal
La economía informal está compuesta por empresas y trabajadores que operan en un ámbito institucional poco claro, donde muchas de las actividades no son ilegales, pero tampoco son completamente legales. Se trata de agentes económicos muchas veces invisibles o ignorados por el Estado, por lo tanto, no están sujetos a control fiscal y contable. En muchos casos se mantienen así por la desidia del Estado, literalmente desbordado para controlar a esta economía, pero también por efecto de la corrupción. Por lo general, los trabajadores informales están sujetos a un régimen abusivo de explotación, peor incluso que los trabajadores formales.
El autor precisa que, el síntoma más evidente de la informalidad es el comercio ambulatorio, cuyos productos son comercializados mayormente en mercados informales, tanto en locales como en las calles, y cuyos demandantes son principalmente pobres. El origen de lo vendido es variado, pueden ser productos formales, informales, de contrabando o incluso robados. Esto revela que los comerciantes informales venden parte de lo producido por las otras dos economías, aparte de la suya.
Dentro de este sector también se encuentran grandes empresarios que constituyen la llamada burguesía informal, generalmente de origen provinciano o popular. A menudo estos empresarios conviven con sus trabajadores en los barrios menos acomodados. Sin embargo, desde el punto de vista económico son emergentes, es decir, en su sector forman una clase alta. No obstante, a diferencia de sus pares formales, los mandamases del sector informal se ven obligados a trabajar arduamente para mantener su posición.
El autor observa que, cuando esta burguesía informal es detectada, tiende a presentarse como pobre, al igual que los otros agentes económicos. Si bien este argumento tiene algo de verdad, también está motivado por la necesidad de camuflarse. Además, el autor sostiene que en caso de operativos represivos, esta burguesía informal moviliza a sus trabajadores y proveedores, ejerciendo presión social. De hecho, es probable que los gremios, usados como escudos frente al abuso, la delincuencia y el Estado, sean dirigidos por estos burgueses informales.
Una curiosa situación que hace notar el autor es que en ocasiones los comerciantes formales se informalizan para evadir la ley y sus obligaciones y operar en el próspero sector informal. En cambio, los trabajadores informales buscan formalizarse para reclamar sus derechos. Esta dinámica sugiere que las élites son las principales beneficiarias de la informalidad, mientras que los más perjudicados son los pobres.
La economía delictiva
La economía delictiva es aquella que opera violando la ley y atenta abiertamente contra el Estado y la sociedad, pues se basa en la violencia y la corrupción. Las mafias o lumpemburguesía que controlan este sector de la economía se concentran en tres grandes actividades: el narcotráfico, el contrabando a gran escala y la piratería de productos y marcas patentadas internacionalmente.
Según el autor, la lumpemburguesía, a diferencia de la burguesía informal, no pasa desapercibida; por el contrario, a menudo se camufla bajo una apariencia de formalidad mientras continua con sus lucrativos negocios ilícitos. Estas mafias a menudo utilizan sus empresas como fachada para lavar dinero y mantener sus negocios en marcha. En algunas en ocasiones, incluso se convierten en buenos cumplidores tributarios para evitar sospechas. Debido a que esta economía es considerablemente más rentable que la informal, sus agentes pueden ascender posiciones en la alta sociedad. Su estrategia principal consiste en simular riqueza para aparentar respetabilidad.
Por tal motivo, el autor advierte que esta economía es más peligrosa, no solo por ser delictiva, sino también por su habilidad para camuflarse en la legalidad y contaminar la economía formal. Además, utiliza también la economía informal como mecanismo de distribución de sus productos de contrabando o pirateados. En ese sentido, tiene fuertes y variadas conexiones con las otras dos economías.
Alternativas de solución
Para enfrentar esta situación, el autor propone abordar el problema de manera directa y democrática, descartando el autoritarismo como salida. En la medida que las dos economías no legales incorporan a millones de peruanos, sugiere tratarlas con sensibilidad social, pero sin llegar a la parálisis. Asimismo, recomienda avanzar en la construcción de una institucionalidad gubernamental robusta y hacer que la sociedad civil actúe conforme a la normatividad, empoderándola para exigir cambios profundos y vigilar al Estado y a las élites. Además, plantea implementar reformas diferenciadas, considerando que lo informal y lo delictivo requieren enfoques distintos. En el caso de la informalidad se requiere un cambio consensuado y gradual, pero firme, aislando a las burguesías informales que se escudan en la pobreza. En cambio, en el caso de la economía delictiva, no puede haber tolerancia para sus actividades, por lo que se requiere un combate frontal y valiente, pero centrado en la lumpemburguesía y no en sus trabajadores. Todo lo anterior debe ser acompañado de un buen liderazgo, planificación, comunicación, capacidades y recursos adecuados.
Conclusión
A modo de conclusión, la coexistencia de las economías formal, informal y delictiva en nuestro país refleja una sociedad fragmentada y un Estado incapaz de integrar plenamente a todos sus ciudadanos en un marco de legalidad y equidad. Además, la escasez de datos e investigaciones específicas sobre las economías informal y delictiva, así como la complejidad del problema, subrayan la necesidad de adoptar un enfoque integral y multidimensional para su abordaje. La obra de Durand nos invita a reflexionar sobre estos desafíos y a iniciar una discusión colectiva sobre cómo lograr una transformación profunda que nos convierta en un país moderno con una sociedad plenamente integrada.