La sobrevaloración de precios consiste en otorgar a un determinado bien, servicio u obra, un mayor precio del que realmente tiene en el mercado, sin fundamento o sustento técnico alguno. En consecuencia, una contratación sobrevalorada es aquella en que las entidades contratan un bien, servicio u obra a precios excesivos, por encima de los precios de mercado.
Al respecto, cabe precisar que una sobrevaloración de precios en las contrataciones estatales no necesariamente es consecuencia de actos de corrupción, sino que también puede originarse debido a otros factores, tales como la ausencia de métodos adecuados para determinar un valor de mercado óptimo y/o la falta de competencia y/o de criterio del operador logístico.
Del mismo modo, es importante precisar que todo incremento en los precios de las contrataciones no siempre corresponde a una sobrevaloración. En efecto, este incremento de precios también puede producirse como consecuencia de las condiciones propias de la contratación y los costos de transacción involucrados en la contratación estatal.
Las condiciones propias de la contratación estatal incluyen el lugar, plazo, penalidades, forma de pago, posibilidad de subcontratación, obligaciones, entre otros.
Los costos de transacción en la contratación pública difieren en gran medida a los de la contratación privada. En efecto, la cuantía de la contratación resulta afectada por la cuantificación que los proveedores hacen de los riegos que asumen (duración del proceso de selección, controversias surgidas durante el proceso de selección y/o durante la ejecución contractual, sanciones, demora en los pagos, entre otros), monto que se incorporan al precio ofertado.
Ambas situaciones generan que se presenten observaciones y denuncias (en especial por parte de la prensa) por supuestas sobrevaloraciones del monto de las contrataciones, sometiendo a los operadores y/o funcionarios a investigaciones por supuestos actos de corrupción, que en muchos casos terminan siendo archivadas.
A modo de conclusión es importante precisar que no toda sobrevaloración de precios en las contrataciones estatales es consecuencia de actos de corrupción y que no todo incremento en los precios de las contrataciones corresponde a una sobrevaloración.