Se calcula que existen 22 presidentes y expresidentes regionales procesados y/o investigados por actos de corrupción, que han significado muchas obras paralizadas, inconclusas o con precios sobrevalorados, uso de la administración regional como agencia de empleo o pago de favores, y servicios públicos de mala calidad. Quien paga las consecuencias es la población, que por años espera la ejecución de los proyectos de saneamiento, salud, educación, seguridad y otros, tan prioritarios para su bienestar, hoy esta expectativa está trunca.
La imagen de la descentralización es que aún quedan algunos feudos o reyes sin corona, a los que ni las oficinas de control interno ni la Contraloría y, menos aún, la Fiscalía han podido intervenir, para evitar que se lleven el dinero del erario.
Esta situación nos lleva a plantear la necesidad de revisar y debatir las fallas del proceso y así generar articulación entre las autoridades, transparencia y rendición de cuentas de los presidentes regionales…