La idea del actual proceso de descentralización nació asociada a la idea de desarrollo. En ese sentido, la Constitución Política (1993), la Ley de Bases de la Descentralización (2002) y la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros (2012) coinciden en que la descentralización tiene como objetivo el desarrollo integral del país, construyendo para ello oportunidades para todas las personas en todo el territorio nacional, sin distinción. De esta manera, se buscaba mejorar las condiciones de vida de la población.
De acuerdo con lo expuesto, el proceso de descentralización no se limita únicamente a la definición y distribución de funciones y competencias entre los distintos niveles de gobierno. Aunque este enfoque es válido, resulta insuficiente para captar la totalidad del concepto. Según Muñoz Portugal (2013), «no se trata solo de descentralizar el Estado, sino de descentralizar el propio desarrollo, entendido éste como un proceso de transformación social y económica de la sociedad en su conjunto cuyo fin es la prosperidad y crecimiento integral de todos los ciudadanos que viven y se interrelacionan en sus respectivos ámbitos geográficos».
Entendiéndose el desarrollo como un proceso en el que confluyen diferentes elementos para el logro de una vida más plena y siendo el objetivo fundamental de la descentralización, entonces mediante este proceso debería reducirse la brecha entre el nivel de desarrollo económico y social alcanzado por la capital de la república que difiere enormemente del logrado por las regiones y sus provincias. En ese sentido, a doce años de iniciado el proceso, creo que la pregunta obvia es ¿en qué medida la descentralización ha contribuido a producir mayor desarrollo y a corregir el nivel de desarrollo divergente entre Lima y el resto de las ciudades del interior del país?
La respuesta es que los resultados obtenidos no son homogéneos. Hay casos de algunas regiones y municipios que sí han logrado elevar su nivel de desarrollo y acortar brechas con respecto a Lima, mientras que hay otros casos donde el proceso de descentralización no ha producido el mismo efecto. Estos resultados ponen de manifiesto que la descentralización por sí misma no produce desarrollo, o que la conexión entre descentralización y desarrollo es más bien indirecta, debiendo acompañarse de otras reformas.
De hecho, el desarrollo está vinculado al crecimiento económico (condición necesaria, pero no suficiente) y para que haya crecimiento económico se requiere que la descentralización fiscal y le descentralización económica funcionen. Sin embargo, estos dos aspectos son los menos desarrollados en el actual proceso de descentralización. Sumando a ello, la ausencia de mecanismos de control y fiscalización eficaces no garantizan el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para la generación de desarrollo y mejora de la calidad y condiciones de vida de la población en su conjunto, sin importar el lugar geográfico donde residan.
A modo de conclusión, para que la descentralización sea verdaderamente efectiva, es necesario adoptar las siguientes medidas: (i) impulsar la descentralización fiscal y económica para que los gobiernos regionales y locales tengan la capacidad de invertir en su propio desarrollo; (ii) fortalecer los mecanismos de control y fiscalización para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficaz y eficiente; y (iii) implementar políticas específicas para reducir las desigualdades regionales, tales como la inversión en infraestructura y educación. De ese modo, la descentralización podría cumplir con su objetivo de promover el desarrollo integral del país.