Comparto la entrevista que me hiciera Ernesto Toledo Brückmann y que fue publicada en Diario Uno el 15 de julio de 2017.
¿Cree que la población ve como algo normal la corrupción de las autoridades públicas, es decir, ya aprendimos a vivir con ella?
La corrupción es un fenómeno que arrastramos desde la época colonial, donde los cargos públicos se vendían, y quien “adquiría” el cargo tenía que recuperar su inversión y posteriormente obtener utilidades. Es decir, la función pública era vista como un jugoso negocio. Lamentablemente, esa actitud ha sido un legado que se mantiene hasta nuestros días. De hecho, me atrevería a decir que en nuestro país la corrupción es casi una tradición, y sí, la mayoría de la población convive con ella, la tolera, la ve como algo normal. “Nunca hubo un gobierno honesto en el Perú, todo el mundo roba, lo importante es que haga obra”, suelen ser frases cotidianas.
¿Por qué la corrupción es una amenaza para la democracia?
Porque la corrupción pone de manifiesto la falta de aceptación de las reglas de la democracia en todos sus aspectos, toda vez que es la negación del concepto de interés general, que justifica no solo la razón de ser de las administraciones públicas, sino la existencia misma del Estado democrático. Camarillas corruptas enquistadas en el poder niegan el derecho fundamental a la participación democrática, niegan el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, niegan incluso el acceso a los servicios más básicos a la población de escasos recursos, debido a que el dinero de la corrupción en vez de ser destinado al cumplimiento de los objetivos y metas de las instituciones públicas, tiene un destino diferente, que no es otro que las arcas de los corruptos. Nosotros ya hemos vivido esa experiencia.
¿Es decir, la corrupción tiene un costo económico que afecta a los más necesitados?
En efecto, la corrupción tiene un costo económico. Hay estimaciones oficiales que señalan que el Perú pierde unos US$ 3,000 millones al año producto de la corrupción. Por ejemplo, cuando se convoca una licitación para la construcción de una obra pública y se adjudica la buena pro mediante prácticas corruptas, la empresa ganadora de la buena pro tiene que asegurar el retorno de su inversión, incluido los sobornos realizados, y ello implica la sobrevaloración de los costos de la obra y en muchas ocasiones implica también obras de mala calidad. Ejemplos de ello sobran. Lo mismo ocurre para el caso de la contratación de bienes o servicios. Y es precisamente esa sobrevaloración de los costos lo que genera una pérdida económica para el Estado, en menoscabo de todos los peruanos, para beneficiar a unas cuantas autoridades, funcionarios y empresarios corruptos.
¿Pero, la corrupción también tiene un costo inmaterial, no es cierto?
Así es; y tiene que ver con el daño a las instituciones públicas, con la pérdida de la confianza en las mismas, y con la pérdida de confianza y de respeto a las autoridades, funcionarios y servidores públicos. Pero esto rebaza incluso el ámbito público, hoy en día la sensación de que todo el mundo es corrupto está muy arraigada entre nosotros. Por ello es que la gran mayoría de la población tolera la corrupción, pues siente que no puede hacer nada, que es parte del sistema. Contribuye a ello la impunidad con la que se trata a los “grandes” corruptos.
¿Por qué el peruano sigue eligiendo a autoridades implicadas en casos de corrupción?
Por lo mencionado anteriormente. Si bien es cierto hay momentos en nuestra historia donde la corrupción ha sido tan escandalosa que obliga a la movilización ciudadana. No obstante, posterior a ello, la corrupción se recicla, asume nuevas formas, sigue presente. Eso genera la sensación de que todos son igual de corruptos. Bueno, en realidad esa es la idea que nos quieren vender quienes se sienten cómodos con la corrupción. En ese sentido, la población percibe que no hay una verdadera voluntad por parte de nuestra “clase política” para enfrentar la corrupción de una manera firme y decidida, pues ello afectaría sus intereses. Es decir, la población siente que no tiene otra alternativa.
¿De todos los casos de arrestos a gobernadores regionales, cuál crees que es el más sonado?
Me parece que el de César Álvarez, ex Gobernador Regional de Áncash. Hubo todo un manto de impunidad que protegía a dicha red de corrupción, desde las más altas esferas del poder, incluido algunos medios de comunicación nacionales y locales. Aun cuando se tenían indicios suficientes de la existencia de graves delitos contra la administración pública, se guardó un silencio cómplice durante mucho tiempo. Sin embargo, una vez que se intervino la red de corrupción de Álvarez, se cometieron varios excesos procesales, por ejemplo, se hizo uso y abuso de la prisión preventiva. Por otro lado, parece que se olvidaron de algunos “peces gordos”. Por ejemplo, hasta la fecha, nadie ha iniciado investigación alguna por los delitos de cohecho activo a las empresas involucradas en prácticas corruptas con autoridades y funcionarios del Gobierno Regional de Áncash, que, además, dejaron obras en algunos casos inconclusas y en otros con serias deficiencias y con severos cuestionamientos, salvo a la brasileña Odebrecht.
¿Qué opina de los expresidentes involucrados en los recientes escándalos de corrupción?
Es penoso constatar que varios expresidentes podrían estar involucrados en criticables prácticas en el manejo de los fondos públicos. Fujimori, Toledo, García, Humala, incluso el actual presidente, ninguno se salva. Desafortunadamente, hay incentivos para la corrupción. Por un lado, es difícil demostrar o probar la corrupción. Por ejemplo, es difícil obtener pruebas en delitos como colusión, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias, cuando se realiza en las altas esferas del poder, especialmente después de las filmaciones en la sala del SIN por parte de Vladimiro Montesinos. Incluso es complicado probar delitos de enriquecimiento ilícito, pues no basta probar que haya desbalance patrimonial, sino que debe probarse que el destino de dichos fondos es ilícito. El Ministerio Público en muchas ocasiones no estructura ni sustenta correctamente su acusación. En esas circunstancias es complicado que se respete el debido proceso. Por citar un ejemplo, se ha hecho un uso abusivo de la prisión preventiva, recordemos que esta es una medida excepcional y no la regla general, hay presupuestos que se deben cumplir para ello. Entonces, cuando un juez dicta una medida de prisión preventiva que no se ajusta a derecho, termina victimizando al procesado. Por otro lado, me parece que la justicia no se aplica a todos por igual, de hecho, pareciera que hay expresidentes que son intocables.
¿La muerte civil es una alternativa para descartar a autoridades prontuariadas?
En el Perú la administración de justicia es débil, es complicado para el Ministerio Público armar una acusación intacta que luego no sea rebatida o desbaratada por un buen abogado de la parte acusada. Lo que ocurre es que nuestras normas no tienen uniformidad. Lo que por un lado se promueve, se contradice por otro. Creo que este es el caso de la denominada “Ley de muerte civil para funcionarios públicos”. Al final, han querido ser benevolentes con los sujetos públicos que incurren en actos de corrupción. Lo que se ha hecho es ampliar la inhabilitación para ejercer cargo público de 5 a 20 años. Y solo en algunos casos se aplicaría la inhabilitación perpetua, tales como: a) cuando el autor del delito actúa como integrante de una organización criminal; b) que su conducta recaiga sobre programas con fines asistenciales, de apoyo o inclusión social o de desarrollo; y c) que el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados esté por encima de los 15 UIT (59,250 soles). Para colmo, la inhabilitación perpetua podrá ser revisada tras haber pasado 20 años, es decir, cabe la posibilidad de que se le levante la inhabilitación. No hay más. Aun así, creo que dicha ley servirá como un disuasivo, pero no es una alternativa para inhabilitar a los corruptos de por vida. Por otro lado, coincido con algunos especialistas que señalan que lo más práctico era modificar las causales de impedimento para asumir un cargo público y que una de estas sea tener una condena por corrupción.
¿Qué hacer para enfrentar el problema de corrupción?
La estrategia de lucha contra la corrupción debe ser multifacética. Coincido con la gran mayoría de expertos que señalan que se hace necesario fortalecer las instancias de control y fiscalización para que sean eficaces. Pero considero, además, que lo anterior debe ir de la mano con una mayor transparencia en la gestión pública y con una real participación ciudadana en los asuntos públicos. Y algo que me parece muy importante es el tema educativo, creo que es el momento de empezar a discutir hechos que tal vez pueden parecen menores, como, por ejemplo, es correcto plagiar en la escuela o en la universidad, es correcto dar una “propina” a un servidor público para que nos agilice un trámite o sea permisivo con algunos requisitos, es correcto dar una “coima” a un policía cuando cometemos una infracción de tránsito. No olvidemos que para que exista un corrupto debe existir un corruptor.
¿El indulto a Fujimori cómo puede ser percibido por la población que rechaza la corrupción?
Una amplia mayoría de peruanos considera que el gobierno de Alberto Fujimori fue el más corrupto de nuestra historia republicana. De hecho, creo que el indulto sería un mensaje negativo para aquellos que creemos que la corrupción es un flagelo que debe ser erradicado de raíz. Ahora, el caso Fujimori involucra otros aspectos más complejos, recordemos que hay de por medio delitos de homicidio calificado y lesiones graves, secuestro, entre otros. Sin embargo, una encuesta reciente revela que más del 50% de la opinión pública estaría a favor del indulto a Fujimori. Ahora, de la forma como se han dado las cosas, me parece que la estrategia legal, política y comunicativa de Fujimori ha dado resultado, es decir, ha allanado el camino para ello.