El artículo 60 de la Constitución establece el principio de subsidiariedad económica del Estado, el mismo que limita la participación empresarial del Estado en la producción de bienes y servicios en sectores competitivos donde pueden ser provistos por la actividad privada. En virtud a este principio, solo en caso de que la actividad privada no estuviera presente o que el mercado no pudiera satisfacer necesidades esenciales de la población, puede intervenir el Estado autorizado mediante ley expresa.
Por otro lado, para el cumplimiento de sus fines, objetivos y metas, las entidades del Estado requieren de bienes, servicios y obras, debiendo celebrar negocios con proveedores (provenientes principalmente del sector privado). A este tipo de negocios jurídicos se les denomina contratos públicos. Así, las contrataciones públicas son el principal instrumento que tienen las entidades para proveerse de bienes, servicios y obras en el marco de sus competencias funcionales.
En efecto, cabe señalar que las contrataciones públicas en el Perú representan aproximadamente hasta el 50% del gasto público y el 12% del PBI, constituyéndose el Estado en el principal comprador y contratista a nivel nacional (BID, 2018; Kresalja y Ochoa, 2012). Según el portal CONOSCE, durante el año 2018 el monto adjudicado por las 2643 entidades del Estado (gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, empresas públicas dentro del ámbito del FONAFE y PETROPERÚ) ascendió a S/ 46,592.30 millones.
Además, sumado a los importantes montos comprometidos, el gran volumen de transacciones involucradas y la compleja interacción entre los sectores público y privado, hace que las contrataciones públicas queden expuestas a diversos riesgos de mala gestión, malgasto y corrupción. Pocas actividades públicas ofrecen mayor tentación o más oportunidades para la corrupción. No obstante, hay limitaciones para medir el costo exacto de la corrupción asociada a las contrataciones públicas debido a los escasos datos disponibles. En ese sentido, es común realizar extrapolaciones a partir de los pocos estudios existentes.
Se estima que la mala gestión y la corrupción generan sobrecostos entre un 10% y un 30% de la inversión en proyectos de infraestructura financiados con dinero público (BID, 2018). La OCDE estima que entre un 20% y un 30% del costo del proyecto se pierde a través de la corrupción (BID, 2018). En la Unión Europea el costo de la corrupción se estimó entre el 1% del PBI (€ 120,000.00 millones al año) y el 6% del PBI (€ 990,000.00 millones al año), de donde aproximadamente el 57% de los casos de sobornos enjuiciados se relaciona con la adjudicación de contratos públicos, sobre todo en los sectores extractivos, construcción, transporte e información y comunicación. Por lo tanto, en la Unión Europea aproximadamente entre el 7% y el 25% del monto total de las contrataciones se pierde debido a la corrupción y a otros malgastos (BID, 2018).
En América Latina y el Caribe la investigación más amplia llevada a cabo sobre la corrupción está relacionada con los sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht para asegurar contratos públicos en 14 países de la región. La empresa reconoció haber pagado US$ 737.00 millones en sobornos entre 2011 y 2016 para asegurar contratos por un monto de US$ 2,800.00 millones repartidos en unos 100 proyectos en 10 países diferentes. En consecuencia, en América Latina y el Caribe se estima que el malgasto de fondos públicos en sobornos y presupuestos sobrevalorados puede llegar hasta el 26% del monto de las contrataciones que representa en promedio entre el 0.9% y el 2.6% del PBI en la región (BID, 2018).
Asimismo, en el Perú, se estima que el costo anual de la corrupción representa aproximadamente el 10% del presupuesto público nacional equivalente al 2% del PBI (Defensoría del Pueblo, 2017). Sin embargo, hay estimaciones confiables que dicen que anualmente se pierde entre el 3% y el 5% del PBI por impacto de la corrupción (Mendoza, La República, 14-04-2018). De ese modo, el 2018 el Estado peruano perdió alrededor de S/ 16,000.00 millones por actos de corrupción, dado que el presupuesto público nacional fue de S/ 157,159.00 millones. Por otro lado, una estimación moderada del malgasto debido a las ineficiencias en las contrataciones públicas en nuestro país equivale al 1.8% del PBI (BID, 2018). Cabe precisar que la literatura clasifica el malgasto en las contrataciones públicas en malgasto activo cuando el sobrecosto se debe a actos de corrupción y en malgasto pasivo cuando el sobrecosto se debe a la falta de habilidades y/o de capacidades de los agentes públicos.
Por último, según el Contralor de la República Nelson Shack «los sobornos no salen de las utilidades de las empresas, salen de la sobrevaloración de las obras» (El Comercio, 26-04-2019). Como ejemplo, basta recordar que el costo inicial de la Carretera Interoceánica era de US$ 800.00 millones pero que finalmente superó los US$ 4,000.00 millones (Mendoza, La República, 14-04-2018). Esto por supuesto tiene un impacto que es asumido por todos los peruanos. De hecho, hay estimaciones que señalan que los sobrecostos producto de la corrupción en las contrataciones públicas serían más que suficientes para construir hasta 47 hospitales al año o para alimentar a todos los pobres del país (Defensoría del Pueblo, 2017; BID, 2018).